Movimiento Sindical y Empresas ocupadas y en lucha Encuentros de empresas ocupadas y en lucha

Las fábricas ocupadas ante una nueva etapa
Analisis del Segundo Encuentro de Fabricas Recuperadas
7/11/2002

Pablo Heller

El Segundo Encuentro nacional organizado por el "Movimiento de Fábricas Recuperadas" contó con la presencia de más 40 delegaciones de todo el país, entre las cuales se encontraban cooperativas, empresas que funcionan bajo la conducción de sus propios trabajadores, empresas en conflicto como Transporte del Oeste o el Ingenio La Esperanza de Jujuy, y empresas en vías de reabrirse como la clínica Portuguesa, la Evangelista o el diario Comercio y Justicia de Córdoba. Pero también se hizo presente una nutrida representación de funcionarios, legisladores, intendentes y concejales, empezando por el gobernador Solá y por el vicejefe del gabinete de Duhalde, Amadeo, y entre otros, por los diputados Barba Gutiérrez y Basteiro y el intendente Laborde.

El Encuentro puso de relieve los graves problemas por los que están atravesando las cooperativas. El representante de Gip Metal, anfitrión del evento, puso el dedo en la llaga al reclamar que el gobierno efectivice las expropiaciones. Puso como ejemplo su propia experiencia: están a punto de vencer los dos años de plazo que marca la ley y el Poder Ejecutivo provincial aún no expropió las instalaciones y bienes de Gip Metal, lo cual obligaría a los trabajadores de la cooperativa a comprar las maquinarias y el inmueble. Fue denunciada también la precariedad en que se encuentran las cooperativas que cuentan con el uso transitorio del establecimiento concedido por el juez, lo que las ha llevado, como en el caso de Renacer de Ushuaia (ex Grundig), a la expropiación integral y definitiva de las empresas.

Un denominador común de todas las empresas es la ausencia de capital de trabajo. En la sesión plenaria, pero especialmente en el debate en las comisiones, se constataron las penurias que tienen diferentes cooperativas, como el molino recuperado en San Javier, en el norte de Santa Fe, o la metalúrgica Baskonia, en La Matanza. En algunos casos, se han conseguido algunos créditos de vecinos y organizaciones que resultan limitados y deben ser devueltos. Ante la falta de recursos propios, las empresas recuperadas trabajan a "façón", es decir, trabajan por encargo de un tercero, quien por lo general adelanta los fondos para la compra de los insumos o aporta directamente la materia prima. Esto condiciona severamente el desarrollo de las cooperativas y abre las puertas a que terminen como rehén de algún grupo empresario. Por otra parte, la ausencia de fondos propios imposibilita la compra de insumos en grandes cantidades, lo que trae como consecuencia un encarecimiento de las materias primas y la reducción de los márgenes de beneficios. Ni hablar de las dificultades que se constatan para comercializar los productos - señaladas por diversas fábricas - , que deben enfrentar un mercado deprimido y una creciente disminución del consumo popular.

Los organizadores del Encuentro sintetizaron las demandas en un programa, que contiene básicamente tres planteos centrales:

a) que el gobierno ejecute las leyes aprobadas y expropie efectivamente las fábricas ocupadas y gestionadas por sus trabajadores;

b) la creación de un fondo destinado a otorgar capital de trabajo a las fábricas recuperadas;

c) la modificación de la Ley de Quiebras que disponga automáticamente la entrega de la empresa para su explotación a sus propios trabajadores.

Con respecto a este último punto, se fijó una movilización frente al Congreso para el 20 de noviembre.

Mucho ruido y pocas nueces

Solá se limitó a prometer la inclusión en el presupuesto del 2003 de alguna partida destinada a las fábricas recuperadas, sin especificar su monto ni las condiciones para su adjudicación (con lo cual dejó en claro, de paso, que no habrá un peso en lo inmediato). Planteó también que abrirá una "agenda de discusión" con las fábricas autogestionadas, establecerá "prioridades" y les abrirá un "lugar institucional". Todo indica una tentativa de replicar los "consejos consultivos" que administran los planes de empleo. Pero en el discurso no hubo la menor referencia a las expropiaciones, lo cual es una señal muy clara de que el gobierno provincial está decidido a que caduquen los plazos, y a que los trabajadores queden a merced de la patronal o de sus acreedores y corran el riesgo de ser desalojados.

Balance y perspectivas

Con extrema rapidez - este Encuentro ha sido una caja de resonancia de ello - se han puesto de manifiesto las limitaciones insalvables de las leyes de expropiación aprobadas hasta ahora. El programa de la conducción del movimiento responde sólo parcialmente a las necesidades de las fábricas recuperadas. La reforma de la Ley de Quiebras va dirigida a un sector restringido de empresas - las que entraron en quiebra - y deja de lado a un universo muy amplio de fábricas vaciadas que están en convocatoria o que permanecen inactivas y que siguen formalmente en manos de sus dueños sin ningún juicio.

Por otra parte, cuando ocurre la quiebra el proceso de destrucción de la empresa ya está avanzado o ha sido consumado. Lo que importa es impedir el vaciamiento, a través de la apertura de las cuentas de las empresas y el control obrero del movimiento de fondos, y apartar a la patronal de la gestión de la empresa cuando no cumpla con sus obligaciones - o haya indicadores que hagan presumir un vaciamiento - y colocar a los trabajadores al frente de ellas hasta la expropiación total y definitiva del establecimiento.

En las deliberaciones surgieron planteos de despenalizar las ocupaciones cuando se reclama por los salarios adeudados y de desapoderar a los dueños que incumplan con sus obligaciones, propuestas todas que apuntan en esa misma dirección.

Entramos en una etapa nueva de lucha, en la que las expropiaciones truchas deben transformarse en expropiaciones efectivas y definitivas, en extender y generalizar las ocupaciones, reabriendo y volviendo a hacer funcionar los establecimientos que hoy han cerrado sus persianas y están inactivos, en arrancar el auxilio económico del Estado, en colocar los emprendimientos obreros al servicio de las necesidades más perentorias de la población.

Esta transformación es incompatible con el actual régimen social y pone a la orden del día una reorganización general de la sociedad sobre nuevas bases. Esto supone un plan económico independiente de los trabajadores y la nacionalización de la banca en un sistema unificado al servicio de la producción autogestionada por la propia clase obrera.

Esta nueva etapa plantea aún con más intensidad la necesidad de la fusión del movimiento de fábricas ocupadas con el movimiento piquetero, los sindicatos combativos y las asambleas populares.