Movimiento Sindical y Empresas ocupadas y en lucha La gestión obrera en las empresas ocupadas

Presentaron un proyecto en la legislatura
El ARI y la izquierda contra la gestión obrera
25/07/2002

Pablo Heller

Acaba de darse a conocer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de "Recuperación de Unidades Productivas". Dicho proyecto surge por iniciativa de los diputados que integran el bloque del ARI y fue acompañado por varios diputados enrolados en el oficialismo, el justicialismo e Izquierda Unida.

El proyecto de referencia fue presentado en sociedad en el marco de una mesa redonda en la que asistieron representantes de la CTA, del "Movimiento de Fábricas Recuperadas", impulsado por la Pastoral Social, y el Barba Gutiérrez, dirigente de la UOM Quilmes y de su secretariado nacional.

Dicho proyecto fue exhibido nada menos que como "un paso muy importante ya que va al fondo del cuestionamiento del principio de propiedad privada, convirtiendo a las unidades productivas como bien social, allanando el camino de los trabajadores por la recuperación de empresas" (declaración del Movimiento de Fabricas Recuperadas).

¿Recuperación?

El proyecto arranca, sin embargo, con una gran limitación, pues se circunscribe a las empresas "cuya quiebra sea decretada por autoridad judicial". Bajo esta cláusula, quedarían afuera empresas como Brukman, Grissinopolis o, hasta hace muy poco, Ghelco, y también infinidad de plantas abandonadas que están en convocatoria de acreedores o que continúan formalmente, al margen de esa instancia, bajo la titularidad de sus antiguos dueños.

Pero, además, la declaración de quiebra significa que la destrucción de la empresa ya ha sido consumada. El proyecto va muy por detrás de los acontecimientos; significa permitir que la patronal complete el proceso de vaciamiento. Si se quiere "recuperar" las plantas en crisis, hay que sustraerlas cuanto antes del control del capital e imponer su continuidad bajo la gestión directa de los trabajadores. Esta línea de acción debe abarcar a toda fábrica que cierre o despida, con atrasos salariales de más de dos meses o abandonadas por sus dueños, cualquiera sea su situación jurídica.

El proyecto se limita a establecer un "registro" de unidades en crisis, actualizado mensualmente, que será girado a la Legislatura, la cual estudiará "la factibilidad de la empresa en forma conjunta con los trabajadores". Esta "factibilidad ", sin embargo, está seriamente cuestionada pues exige "un acuerdo... con los trabajadores de pautas concretas de reactivación, recompra o compensación". En otras palabras, se obliga a los trabajadores a comprar la planta o, en su defecto, a pagar una suerte de "compensación" (alquiler) por su uso. Mientras se encamina el proyecto, los bienes de la empresa son cedidos en " comodato" a los trabajadores, que sólo pueden hacer un uso precario de los mismos. El proyecto del ARI está por detrás de los proyectos de expropiación aprobados recientemente por la provincia de Buenos Aires, que disponen, al menos, la donación a favor de los trabajadores de los bienes expropiados.

La expropiación que incorpora el proyecto no pasa, de todos modos, de una expresión de deseos. Lo que se aprueba es apenas una "declaración" de expropiación, cuya efectivización es una facultad privativa del Poder Ejecutivo y está supeditada a las posibilidades presupuestarias. "Cuestionar" en serio "el principio de propiedad privada" es establecer, en forma imperativa, la expropiación de las unidades en un plazo máximo de 30 días sin ninguna clase de indemnización.

El proyecto del ARI se aferra al derecho a un resarcimiento económico de los dueños o accionistas (acorde al principio de propieded privada), pero no dice ni una palabra de la forma ni los mecanismos para financiarlo. El proyecto plantea crear un fondo destinado a otorgar capital de trabajo a las empresas recuperadas –que se integraría con el 1 por ciento de lo recaudado por Ingresos Brutos– pero no dice quién pagará, o de dónde saldra la indemnización a los empresarios, lo que es claro que será a expensas de gastos en salarios, salud o educación. En lugar de rescatar a los trabajadores, se rescata a los capitalistas en quiebra, responsables del vaciamiento de las empresas. El fondo (que a lo sumo representa 19 millones de pesos) sería empleado recién "a partir del año 2003"; es decir que no sirve como herramienta de acción frente a la crisis. Los trabajadores no pueden esperar hasta el año que viene. El proyecto, aun con su carácter mezquino, encierra contradicciones insuperables.

Integración al Estado

En función de una ley general marco, el proyecto detiene los proyectos particulares de expropiación que están en discusión en la Legislatura, entre los que se encuentra el proyecto de Brukman. La creación de un registro y la institucionalización, con fuerza de ley, de un intinerario "obligado" que deben recorrer los trabajadores de fábricas vaciadas, le viene como anillo al dedo al gobierno para implementar una amplia regimentación, cooptación y filtro de este nuevo y pujante movimiento de lucha.

A esta tentativa de integración que promueve el Estado patronal, debemos oponerle un frente de empresas ocupadas independiente del Estado para luchar en común por la creación de una red única de fábricas autogestionadas, financiada por el Estado, a través de una banca estatal única bajo administración obrera.